CIRCULAR 029 DEL MINISTERIO DE DEFENSA
Resulta alarmante y de extrema gravedad que quienes debieran defender la vida de los ciudadanos y velar por su seguridad, opten por asesinar civiles; pero más aterrador es que está práctica criminal sea impulsada por el mismo gobierno colombiano y que la política de Seguridad Democrática sea su mayor estímulo.
La directiva ministerial o circular 029 de noviembre 17 de 2005 del Ministerio de Defensa de Colombia establece el pago de $3.800.000 de pesos a cada soldado que demuestre haber abatido a algún guerrillero. De ahí justamente que oficiales tanto del ejército como de la policía, interesados en cobrar la recompensa o en obtener vacaciones, terminen por convertirse en sicarios a sueldo pagados por el Estado, capaces de hacer del asesinato de civiles una macabra rutina patrocinada por sus mismos altos oficiales.
Los llamados falsos positivos que son otra expresión del accionar criminal del Estado colombiano, se dieron a conocer al país en septiembre de 2008 cuando diecinueve jóvenes del municipio de Soacha que habían sido desaparecidos, fueron encontrados en fosas comunes en los municipios de Ocaña Norte de Santander y Cimitarra en Santander. Habían sido reportados como guerrilleros dados de baja en combate por las autoridades. El Presidente, al conocer las denuncias, se apresuró a declarar que estas desapariciones podían estar relacionadas con una banda de reclutamiento y entrenamiento. "No fueron a coger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde". “Murieron en combate”, declaró enfático. Si bien las investigaciones forenses demostraron que la mayoría de las víctimas habían sido asesinadas dos días después de su secuestro, el montaje se hizo evidente cuando se informó que algunos cadáveres llevaban sudadera debajo del camuflado, usaban botas nuevas pero sin medias y otros, supuestamente combatían en pantuflas. De inmediato se empezaron a registrar nuevos casos en distintas regiones del país.
La ONG Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos denunció que entre enero de 2007 y julio de 2008 ha habían producido 535 ejecuciones de civiles atribuidas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. La Fiscalía General de la Nación declaró que las investigaciones relacionadas con los llamados “falsos positivos” realizadas durante esos mismos años, señalaba a 763 agentes de la fuerza pública y reconocía la existencia de por lo menos 1.137 víctimas. La Procuraduría declaró estar investigando 111 casos de falsos positivos y el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos, de la Gobernación de Antioquia, integrada por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Personería de Medellín con presencia permanente de un delegado de las Naciones Unidas denunció 248 casos sistematizados de presuntas ejecuciones extrajudiciales. El Batallón Bomboná, que opera en el Magdalena Medio antioqueño, el Batallón Santander, adscrito a la Brigada 30 en Norte de Santander, el Batallón La Popa de Valledupar, donde son investigados 32 oficiales, y otros más, han sido señalados por estos crímenes y otras irregularidades
Aunque el presidente Uribe, una vez se enteró de la gravedad de los hechos, ordenó la destitución de 27 militares, entre ellos tres generales, esta medida no ha sido suficiente, y menos cuando insiste en negar, junto con el Ministerio de Defensa, los efectos distorsionantes de la Directiva ministerial, o se resiste a aceptar que estos crímenes de lesa humanidad se presentaron en zonas dónde la guerrilla ha sido prácticamente desterrada, es decir, dónde con más rigor se ha aplicado la seguridad democrática.
No hay duda de que a la expansión de está práctica contribuyeron la negligencia de las autoridades que se negaron a investigar las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, la complicidad de altos mandos militares, la deshumanización de los soldados entrenados para matar, la degradación del conflicto y las fuertes presiones del Ejecutivo exigiendo resultados concretos (traducibles en subversivos dados de baja) para obtener réditos políticos.
Amparar la Directiva ministerial 029 es perpetuar la impunidad.
Viernes 6 de marzo Jornada Nacional por las víctimas de crímenes de Estado, contra la práctica de los “falsos positivos” y por la derogatoria de la Directiva ministerial 029
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