viernes, 27 de febrero de 2009

Sangre en la Arenosa

29 Oct 2008 - 10:00 pm
Así corrió sangre en ‘La Arenosa’
Madres de jóvenes de Barranquilla, unidas por un el dolor
Por: Enrique Rivas G./ Enviado Especial

Según las familias, la mayoría de las víctimas fueron presentadas como muertos en combate por el Batallón La Popa de Valledupar. El Espectador recorrió la capital del Atlántico y encontró más de 100 casos parecidos al de Soacha.

Víctor Manuel Mendoza Ospina sólo tenía 17 años. Un soplo de vida que apenas le había dado para estudiar hasta décimo en el colegio Isolina Daza, querer al Deportivo Cali, aprenderse las letras de unas cuantas canciones de champeta, salsa y vallenato, con las que solía conquistar chicas de su misma edad. Darwin Aragón, en cambio, tenía 10 más, había prestado servicio militar y su única aspiración era conseguir empleo para no seguir recorriendo con su amigo, de arriba abajo, las polvorientas calles de Por Fin y Me Quejo, dos barrios pobres del suroccidente de Barranquilla.

Los dos fueron engañados con una oferta de empleo bastante tentadora en un mundo de necesidades y de hambre: ganarse $800.000 como albañiles en sólo tres días. Por eso salieron a las 11:30 de la mañana del miércoles 30 de abril pasado rumbo a Valledupar. Nunca regresaron a sus casas, pero ocho horas después aparecieron dados de baja en un paraje del Cesar, región a la que nunca habían ido.

De ellos únicamente se supo el 17 de agosto pasado, cuando Clara Luz Mendoza Ospina fue llamada por la Fiscalía. Allí le mostraron una foto en la que aparecían como muertos en combate su hermano Víctor y el amigo Darwin. Ambos fueron reportados por el Batallón La Popa como guerrilleros abatidos en un sector rural de la vereda La Honda, jurisdicción del municipio de Pueblo Bello, Cesar.

De esta cadena de asesinatos forman parte otros 100 casos de jóvenes de la capital del Atlántico que fueron engañados entre 2005 y 2008 con ofertas de empleos y luego terminaron siendo registrados como insurgentes dados de baja por el Ejército en Cesar, Sucre, La Guajira y Córdoba. Víctimas que salieron de los cordones de miseria que componen también barrios como Chiquinquirá, El Bosque, El Porvenir y otros sectores del municipio de Soledad.

Todos estos crímenes empezaron a ser denunciados desde 2005, pero hasta ahora comenzaron a ser visibilizados después de ponerse en evidencia los 18 casos de jóvenes desaparecidos en Soacha (Cundinamarca) y luego asesinados en Ocaña, Norte de Santander, como miembros de grupos al margen de la ley.

Ola de ejecuciones que se inició a las 11 de la noche del 20 de noviembre de 2005 en el estadero Los Paragüitas del municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla, sector similar a Soacha y cercano a Bogotá. Ese día John Jairo Pareja Pérez, Iván de Jesús Sierra, Alfredo Manuel Retamoso y Walberto Cohen, todos residentes del barrio El Porvenir, fueron abordados por un hombre que les ofreció trabajo recogiendo algodón en un municipio del Cesar. Al siguiente día fueron asesinados.

“Ellos aparecieron en un periódico de Valledupar como subversivos de las Farc muertos en un enfrentamiento con el Batallón La Popa, en una parcela de San Diego, cerca de Valledupar”, relató Yadira Pérez, madre de John Jairo, quien denunció que primero los emborracharon y luego se los llevaron.

Una denuncia que también fue ratificada por Elisa de la Hoz, esposa de Iván de Jesús, un vendedor de gallinas de 32 años y padre de tres hijos. “Logramos saber de él porque en sus bolsillos le encontraron un Nuevo Testamento y los teléfonos de la Emisora Madrigal de Soledad, de donde nos llamaron”, relató.



Los otros casos

Estela Roca, madre de Luis Eduardo Carriasco, de 25 años, residente en el barrio La Pradera de Barranquilla, dijo que su hijo salió de la casa en la mañana del 10 de agosto de 2006. Le avisó a su papá Luis Eduardo que iba de viaje. Ese mismo día apareció muerto en combate con el Ejército al lado de Carlos Daniel Angarita y otra persona enterrada como N.N. en el cementerio de Villa Nueva, La Guajira.

Ese mismo año, Martha Elena Díaz Ospina, también vio cómo su hijo Douglas Alberto Tabera Díaz, de 27 años, salió el 28 de marzo de 2006 del barrio Chiquinquirá, tras una oferta de trabajo y apareció como guerrillero muerto en combate el 2 de abril de ese mismo año en Guamachal, una vereda de San Juan del Cesar. Al lado de Douglas apareció Danis Díaz y dos indigentes más que fueron sepultados en el mismo cementerio.

“Yo no he podido reclamar el cadáver de mi hijo porque hay un enredo en las actas y en las bóvedas”, denuncia la señora Díaz.

Rosina de Vergara, abuela de Juan Diego Vergara, de 22 años, también le dijo a El Espectador que su nieto fue sonsacado del barrio Montes de Barranquilla, a las 4:00 p.m. del 14 de febrero de 2007. “Le ofrecieron $800.000 mensuales trabajando como escolta de un ganadero. Un día después apareció muerto en combate en Sahagún (Córdoba). Estaba al lado de Juan Carlos Maestre, de 19 años, de quien se dijo era integrante de las Farc.

Aún así, la muerte también puede hacer milagros. Hoy un pequeño grupo de mujeres que se hace llamar “Unidas por el Dolor”, comenzó a exigir justicia en Barranquilla. Martha Elena las lidera y junto con otras diez mujeres recorren la Primera División del Ejército, la Policía, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía pidiendo castigo para los asesinos.

Este esfuerzo grande que están haciendo viudas, madres y hermanas está creciendo. Otras nueve familias del bario Montes, cuyos hijos aparecieron muertos en Sucre y cuatro de Ciudad Modesto, que también perdieron a sus hijos en Montería el año pasado, comenzaron a comunicarse para unirse en una sola causa.

Pero este es sólo el principio del destape de una verdad en la Costa Atlántica. Aún falta ver otras realidades en Sahagún (Córdoba), donde hay otros 25 casos y en zona rural de Sincelejo, con 15. Serían 40 víctimas más que tiñeron de sangre La Arenosa.

Sobre Circular del Ministerio de Defensa

Amparados en sus uniformes y armas de dotación, miembros de las Fuerza Pública, pasando por alto elementales principios democráticos y recurriendo a una sistemática violación a los derechos humanos, han optado por asesinar civiles indefensos para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate con el fin de cobrar recompenzas en dinero o en días de descanso.

Resulta alarmante y de extrema gravedad que quienes debieran defender la vida de los ciudadanos y velar por su seguridad, opten por asesinar civiles; pero más aterrador es que está práctica criminal sea impulsada por el mismo gobierno colombiano y que la política de Seguridad Democrática sea su mayor estímulo.

La directiva ministerial o circular 029 de noviembre 17 de 2005 del Ministerio de Defensa de Colombia establece el pago de $3.800.000 de pesos a cada soldado que demuestre haber abatido a algún guerrillero. De ahí justamente que oficiales tanto del ejército como de la policía, interesados en cobrar la recompensa o en obtener vacaciones, terminen por convertirse en sicarios a sueldo pagados por el Estado, capaces de hacer del asesinato de civiles una macabra rutina patrocinada por sus mismos altos oficiales.

Los llamados falsos positivos que son otra expresión del accionar criminal del Estado colombiano, se dieron a conocer al país en septiembre de 2008 cuando diecinueve jóvenes del municipio de Soacha que habían sido desaparecidos, fueron encontrados en fosas comunes en los municipios de Ocaña Norte de Santander y Cimitarra en Santander. Habían sido reportados como guerrilleros dados de baja en combate por las autoridades. El Presidente, al conocer las denuncias, se apresuró a declarar que estas desapariciones podían estar relacionadas con una banda de reclutamiento y entrenamiento. "No fueron a coger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde". “Murieron en combate”, declaró enfático. Si bien las investigaciones forenses demostraron que la mayoría de las víctimas habían sido asesinadas dos días después de su secuestro, el montaje se hizo evidente cuando se informó que algunos cadáveres llevaban sudadera debajo del camuflado, usaban botas nuevas pero sin medias y otros, supuestamente combatían en pantuflas. De inmediato se empezaron a registrar nuevos casos en distintas regiones del país.

La ONG Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos denunció que entre enero de 2007 y julio de 2008 ha habían producido 535 ejecuciones de civiles atribuidas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. La Fiscalía General de la Nación declaró que las investigaciones relacionadas con los llamados “falsos positivos” realizadas durante esos mismos años, señalaba a 763 agentes de la fuerza pública y reconocía la existencia de por lo menos 1.137 víctimas. La Procuraduría declaró estar investigando 111 casos de falsos positivos y el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos, de la Gobernación de Antioquia, integrada por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Personería de Medellín con presencia permanente de un delegado de las Naciones Unidas denunció 248 casos sistematizados de presuntas ejecuciones extrajudiciales. El Batallón Bomboná, que opera en el Magdalena Medio antioqueño, el Batallón Santander, adscrito a la Brigada 30 en Norte de Santander, el Batallón La Popa de Valledupar, donde son investigados 32 oficiales, y otros más, han sido señalados por estos crímenes y otras irregularidades

Aunque el presidente Uribe, una vez se enteró de la gravedad de los hechos, ordenó la destitución de 27 militares, entre ellos tres generales, esta medida no ha sido suficiente, y menos cuando insiste en negar, junto con el Ministerio de Defensa, los efectos distorsionantes de la Directiva ministerial, o se resiste a aceptar que estos crímenes de lesa humanidad se presentaron en zonas dónde la guerrilla ha sido prácticamente desterrada, es decir, dónde con más rigor se ha aplicado la seguridad democrática.

No hay duda de que a la expansión de está práctica contribuyeron la negligencia de las autoridades que se negaron a investigar las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, la complicidad de altos mandos militares, la deshumanización de los soldados entrenados para matar, la degradación del conflicto y las fuertes presiones del Ejecutivo exigiendo resultados concretos (traducibles en subversivos dados de baja) para obtener réditos políticos.


Amparar la Directiva ministerial 029 es perpetuar la impunidad.

Viernes 6 de marzo Jornada Nacional por las víctimas de crímenes de Estado, contra la práctica de los “falsos positivos” y por la derogatoria de la Directiva ministerial 029

COLOMBIA SIN OLVIDO

UNIDOS PARA RECUPERAR LA MEMORIA. POR UNA COLOMBIA SIN OLVIDO

POR LOS DESAPARECIDOS

POR LOS DESPLAZADOS

POR LOS EXILIADOS

POR LOS MASACRADOS

POR LOS EJECUTADOS

POR LOS SECUESTRADOS

LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES SON CRIMENES DE ESTADO

¡PARA QUE CESEN LAS VÍCTIMAS!!

En Colombia, miembros del ejército colombiano asesinan civiles, generalmente campesinos o jóvenes de sectores populares, que luego uniforman de guerrilleros con el objetivo de mostrarlos como bajas en la denominada "lucha contra el terrorismo". Esta estrategia conocida como "falsos positivos", se reconoció oficialmente cuando 19 jóvenes desaparecidos en un barrio de Bogotá fueron encontrados en fosas comunes de zonas rurales apartadas a más de 500 kilómetros en septiembre de 2008. Sin embargo esta práctica no es reciente. Organizaciones como la Plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, han denunciado más de 1.400 de estos casos bajo la política de la seguridad democrática implementada desde el 2002. Los "falsos positivos" que se reconocen en el Derecho Internacional como EXECUCIONES EXTRAJUDICIALES hacen parte de la realidad colombiana desde hace más de veinte años.

Colombia vive una cruenta guerra. Así lo confirman 3.000 fosas comunes, más de 30.000 desaparecidos, 4.2 millones de desplazados y 23.000 secuestrados en los últimos 11 años que dan cuenta de las víctimas del conflicto.

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN A LAS VICTIMAS EN COLOMBIA

Nunca más fosas comunes. Nunca más desplazamientos forzados. Nunca más secuestros. Nunca más crímenes de Estado. Nunca más ejecuciones extrajudiciales. Nunca más crímenes de lesa humanidad.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia convoca a JORNADA NACIONAL EL 6 DE MARZO DE 2009
HORA: 10 AM
LUGAR MINISTERIO DE DEFENSA (AVDA EL DORADO CRA 52 CAN) destino la Fiscalía General de la Nación. Actos simbólicos
Dos marchas saldrán a las 9 am desde el Planetario Distrital (26 con séptima) y otra desde la entrada de la calle 26 de la Universidad Nacional.
CIUDAD: BOGOTÁ

Manifestación contra las ejecuciones extrajudiciales y por los Acuerdos Humanitarios en Colombia

Agenda para Bogotá:
Puntos de encuentro:
1.Planetario Distrital (Cra séptima calle 26) a las 9:00 AM
2.Entrada de la Universidad Nacional (Avenida el Dorado –calle 26 con carrera 35) 9:00 AM
3. Sitio de encuentro: Ministerio de Defensa

Las marchas partirán hacia el Ministerio de Defensa (Avenida el Dorado con carrera 52 en el Can. Allí a las 10 AM se realizará un acto simbólico y a las 11:30 se partirá hacia el bunker de la Fiscalía General de la Nación. La caravana por la vida, llevará una bandera de Colombia de 3 kilómetros de largo en la que se colocaran fotos de las víctimas de los falsos positivos y también se entregaran fotografías de víctimas para que las personas marchen con una de estas en la mano.

3.Encuentro:

Frente al bunker de la Fiscalía General de la Nación se realizará otro acto simbólico y se exigirá celeridad en las investigaciones, resultados de las mismas y que se reconozca que las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de Estado, que además son promovidos por el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República y del Ministerio de Defensa. Igualmente se pedirá que se haga pública la resolución ministerial que ofrece pagos y bonificaciones a los miembros de la fuerza pública por asesinar guerrilleros, recuperar material de guerra, realizar delaciones, capturar y asesinar a miembros del secretariado de las FARC, etc.

Se recogerán en un pendón de 5 metros por tres, las firmas de los ciudadanos que consideren que los falsos positivos son crímenes de Estado, que condenen estás práctica y exijan la derogación inmediata de toda política de Estado que faculte a la fuerza pública a operar bajo la modalidad del sicariato persiguiendo ciudadanos, estigmatizando, realizando arrestos arbitrarios y acusando sin fundamentos a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

JORNADA DEL SEIS

JORNADA DEL 6 DE MARZO EN BOGOTÁ

JORNADA CONTRA LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

5 de marzo: Encuentro Familiares de Víctimas de ejecuciones extrajudiciales

6 de marzo: Movilización Concentraciones

9.00 AM Universidad Nacional

10.00 AM Ministerio de Defensa
(Calle 26 con carrera 54)

12.00 AM Bunker de la Fiscalía
(Av. Esperanza con 50)

7.00 PM "Noche de las Sábanas Blancas"
Acto simbólico Plaza de Bolívar